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Intereses abusivos "impuestos" por financiera

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A raiz de un "turno de oficio" prácticamente sin defensa, decidí oponerme en base a los intereses aplicados en la liquidación - hasta ahora diré que nunca se me estimó tal oposición- y finalmente tenemos una sentencia que sí la estima.

La sentencia refleja con claridad la legislación alegada en la oposición, asi que os copiaré la parte más interesante ya que os podría servir para incluir estos artículos en los fundamentos de procedimientos de reclamación similares. la ha dictado el juzgado num. 7 de arenys de Mar y, textualmente, expone :

En cuanto a los intereses d edemora pactados en el contrato suscrito entre las partes estos serán del 25% anual, respecto a ello la parte demandada ha puesto de manifiesto que se trata de intereses excesivos y abusivos. En relación a ello debe recordarse que numerosas resoluciones del Tribunal supremo (Cfr Sentencias de 30 diciembre de 1987 y 7 febrero 1989), reputan como usurarios los pactos en los que se ha estipulado un tipo de interés incluso inferior al anteriormente señalado.

Los intereses excesivos o abusivos de hallan regulados en la Ley de Represeion de la Usura de 23 de julio de 1908, en la ley 7/95 de 23 de marzo, de c´redito al consumo y en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y usuarios de 19 de julio de 1984. La segunda de las normativas citadas ha incorporado a nuestro ordenamiento juridico interno la Directiva Comunitaria 87/102/CEE de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados miembros en materia de crédito al consumo, modificada por la Directiva 90/88/CEE de 22 de febrero de 1990, y cuyas directrices han de informar a los otros dos cuerpos legislativos mencionados.

El artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908 (Ley azcarate), junto al requisito de la estipulación de un interés notablemente superior al normal del dinero, exigia, en orden a la calificación como usurario de un préstamo, bien que aquel interes fuera manifiestamente despropocionado con las circunstancias del caso, bien que resultara leonino atendidas las condiciones en que se pactó, añadiendo como exigencia comun a los dos supuestos anteriores la existencia de motivos sufieicnetes para estimar que el interes fue aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia, o de lo limitado de sus facultades mentales.

En todo caso, las normas han de ser interpretadas atendiendo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas (Art. 3.1 Cod. civil) siendo lo cierto que en la actual sociedad de consumo la figura del financiador ocupa un lugar preeminente, y la autonomia de la voluntad consagrada en el artículo 1255 del mismo codigo se halla condicionada por las necesidades del consumiror. Por ello, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios exige, en su artículo 10 buena fe y justo equilibrio de las prestaciones en la s clarusulas, condiciones o estipulaciones contenidas enla oferta, promocion y venta de productos o servicios, en orden a la proteccion de los intereses económicos y sociales de los particulares, excluyendo expresamente las clausulas abusivas, entendiendo por tales las que perjudiquen de manera desproporcionada o no equitativa al consumidor o comproten en el contrato una posición de desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes en perjuicio de los consumidores y usuarios.

Conforme a cuanto antecede, y trasladando al momento actual la concepción del préstamo usurario que se contiene en la Ley Azcarate, interpretada a la luz de la Ley de Créditos al consumo de 1995 y de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984, ha de convenirse que el interés de demora del 25% anual estipulado en el contrato de prestamos suscrito entre los ahora litigantes es abusivo en lo que exceda del tipo resultante de multiplicar por 2,5 el interés legal del dinero, conforme a lo dispuesto en el articulo 19,4 de la repetida Ley 7/95, norma cuya virtualidad se extiende incluso a operaciones crediticias de naturaleza diferente al crédito en cuenta corriente, pues, tal como señala la Sentencia dela Audiencia Provincial de Tarragona de 28 e junio de 2001, "cabe tener en cuenta aquel parámetro a efectos meramente orientativos, como criterio para determinar el posible caracter abusivo o desproporcionado del interés pactado en función del interés legal al tiempo de suscribir la póliza".  La misma resolución añade que "la facultad moderadora no deriva del artículo 1154 del codigo civil, sino de lo dispuesto en el artículo 10 bis, nuemro 2 de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios, que establece:"a estos efecgtos, el Juez que declare la nulidad de dichas clausulas integrará el contrato y dispondrá de facultades moderadoreas respecto de los derechos y obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato, y de las consecuencias de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el consumidor o usuario" y opera como consecuencia de la nulidad de aquella clausula en que se aprecie el caracter abusivo, nulidad que cabe declarar tras el examen de las reciprocas prestaciones establecidas en el contrato". La reciente Sentencia de la misma Audiciendia de fecha 3 de enero de 2006 reitera que "si bien es cierto que dicho precepto (art. 19,4 de la Ley7/95) unicamente contempla el supuesto de los intereses devengados por los creditos que se concedan en forma de cuentas corrientes, no cabe duda que los principios inspiradores de esa norma informan ya nuestro ordenamiento juridico y, por lo tanto, pueden aplicarse clararmente a un supuesto como el aqui enjuiciado (contratos de prestamo y financiacion).

De acuerdo con lo expuesto en las lineas que anteceden, debe proclamarse la procedencia de declarar el carácter abusivo de la clausula atinente a los intereses de demora, y, haciendo uso de la facultad integradora que menciona el párrafo 2 el art. 10 bis de la Ley 26/84, ajustar al parámetro al que se refiere el art. 19 de la Ley 7/95 de crédito al consumo -tipo resultante de multiplicar por 2,5 el interés legal del dinero-, el computo de dichos intereses de demora adeudados por el demandado, debiéndose no obstante mantener la eficacia de los demás pactos del contrato al no determinar una situación no equitativa en la posición de las partes..."

En conclusión, un fundamento interesante y espero que útil para todos...


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